El Ministerio de Justicia sabía que su cabeza tenía precio, pero no hizo nada para protegerlo. El asesinato del director del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, Manuel Vásquez Coronado, es el desenlace fatal de una errática política penitenciaria que está siendo rebasada por los tentáculos del hampa, que ahora no solo controla mafias de secuestradores y extorsionadores desde los penales, sino que también contrata sicarios para matar a quien osa enfrentarlos.
Hace solo dos semanas, El Comercio reveló que la Dircote investigaba un plan gestado desde el penal de Piedras Gordas para atentar contra Vásquez. En la Nota de Información 208-2009-DIVSE-EP-MCC-S2, entregada a este Diario por el mismo funcionario, se detallan informes de inteligencia sobre una reunión de delincuentes comunes con acusados por terrorismo para planear el asesinato.
Esta alerta tiene lógica, pues hace unos meses Vásquez ordenó el traslado de 20 terroristas al penal de Piedras Gordas, tras detectar que estos habían convertido el pabellón 6B del Castro Castro en un lugar impenetrable hasta para las autoridades encargadas de la custodia del recinto. Tampoco se descarta una represalia por parte del narcotraficante Lucio Tijero, a quien se le quitaron algunas gollerías, por orden de Vásquez desde la dirección del Castro Castro.
Sea quien fuere el autor intelectual y material del asesinato, lo concreto es que hasta el mismo presidente Alan García sabía que la vida de Vásquez corría peligro, pues pocas horas después de su asesinato el mandatario señaló que el delincuente Mamerto Florián López, “Cojo Mame”, lo había amenazado de muerte desde el penal de Piedras Gordas, donde también fue director.
Con todos esos elementos sobre la mesa, y teniendo en cuenta lo sensible del tema penitenciario, es inadmisible que el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, no haya asignado seguridad al director de uno de los penales más peligrosos del país, por más que, como afirmó el sábado Pastor, este jamás la haya solicitado, argumento deleznable, pues al conocer los informes de inteligencia, el ministro debió haber otorgado protección al funcionario por iniciativa propia. Ahora tendrá que asumir la responsabilidad de lo sucedido.
Este fatal hecho debe ser el punto de quiebre para emprender la postergada reingeniería del sistema penitenciario, con objetivos serios de corto y mediano plazo, que impliquen terminar con las mafias de delincuentes que controlan los penales y dirigen crímenes fuera de ellos, acabar con el hacinamiento de esos recintos, comprometer al Poder Judicial para agilizar los procesos de los internos, definir qué autoridad controlará todas las cárceles (en la actualidad algunas están bajo el mando del Instituto Nacional Penitenciario-INPE y otras de la policía). Pero nada de lo descrito podrá ser plasmado si antes no se termina con la improvisación en el INPE, que ha tenido hasta seis presidentes en lo que va del actual gobierno.
Además, mientras no se erradiquen aspectos tan elementales como el ingreso irregular de celulares a los penales, que sirven a los delincuentes para coordinar sus delitos; o el tráfico de drogas y el control de los pabellones por parte de los denominados “taitas”, el Estado seguirá perdiendo la batalla contra el hampa y entre la sociedad continuará incrementándose la sensación de inseguridad. Es hora de asumir responsabilidades operativas y, sobre todo, políticas por lo sucedido y terminar de una vez con la inacción gubernamental. FUENTE - EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario