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jueves, 26 de agosto de 2010

SALEN 25 MIL POLICÍAS A REFORZAR SEGURIDAD

En Lima ya se está destinando tres mil agentes más, pero en provincias el plan todavía no camina debidamente.


Son 25 mil los efectivos que las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del sector Interior piensan retirar de sus funciones administrativas y de protección en diversas entidades, para incorporarlos al patrullaje preventivo en las calles y, de ese modo, amenguar, en algo, el fracaso en materia de seguridad ciudadana.


Estas autoridades vienen reuniéndose diariamente para alcanzar esa cifra, haciendo aritmética y operaciones de suma y resta para quitar de un lado y sumar al otro. Un resultado –desde que el presidente Alan García le ordenara al ministro del Interior, Octavio Salazar, que más policías se dediquen a cuidar la ciudad – es que, solo en Lima, poco más de 2,300 efectivos ya patrullan las calles fortaleciendo la tarea de los que ya lo hacían. Se prevé que la cifra supere los 3 mil hombres.

Con ello, la Sétima Dirección Territorial Policial, cuya jurisdicción es Lima, contaría en poco tiempo con más de 13 mil efectivos en las calles. Todos, dedicados a la labor preventiva contra la delincuencia, y efectuando patrullaje vehicular (en moto, en autos o en camionetas) y a pie.

De acuerdo con fuentes del sector, por ahora la prioridad del ministro y del jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, es Lima. “Es la ciudad más poblada, aquí ocurren los fenómenos más violentos, es la sede de todas las instituciones del Gobierno”, dijo uno de los altos oficiales consultados.

El resto de efectivos que reforzará el patrullaje en el país se calcula en 22 mil. “Pero dentro del país el plan todavía no empieza a marchar, pues los jefes policiales de regiones todavía están evaluando su respectiva realidad; allí la reasignación de efectivos va a ser proporcional, pues hay unidades que operan con cinco policías, pero otras necesitan veinte”, señalaron las fuentes.

INSTALACIONES INDUSTRIALES. De ese modo, si a nivel nacional la Policía cuenta con aproximadamente 104 mil policías, ahora será la mitad la que se dedique a la seguridad ciudadana, según el esquema del presidente García.

Pero, ¿de dónde van a salir? Además de las direcciones como Seguridad del Estado, Dirección de Penales y otras áreas administrativas, Salazar, Hidalgo y los altos jefes policiales, quieren “recuperar” a 3 mil efectivos que actualmente cuidan diversas instalaciones industriales del país.
“Ese grupo cuida represas, centrales hidroeléctricas, petroleras y mineras privadas, plantas industriales, torres de alta tensión, antenas de telefonía. Por ejemplo, solo (la planta de tratamiento de agua de) La Atarjea la protegen 30 efectivos. A todos estos policías tenemos que recuperarlos”, dijeron altas fuentes policiales.

En este esquema, el Ejército podría jugar un rol importante, pues pasaría a resguardar dichas instalaciones que la Policía ya no cuidaría más. De hecho, el propio jefe del Ejército, Otto Guibovich, ya ha ofrecido el apoyo logístico de su institución.

MÁS ANUNCIOS. El presidente Alan García también quiso sumar. A las cifras anteriores, el jefe del Estado anunció que tres mil efectivos de la Policía que brindan seguridad a los altos funcionarios y autoridades del Estado dejarán esa labor para dedicarse a patrullar la ciudad.

Según García, son 4,700 los policías asignados a la seguridad de autoridades, y sería suficiente con dejar 1,500 o 1,700 efectivos para esa función, con lo cual el resto volvería a custodiar las calles.

Sobre su propia seguridad, el presidente no volvió a tocar el tema ayer, pero se supo por fuentes del sector Interior que todavía no formaliza, por escrito, su deseo de disminuir su propia escolta. “Pero incluso si enviara un escrito, no se va a quedar sin seguridad, pues es el presidente. Si salen policías de su seguridad, serán reemplazados por militares”, aseguraron las fuentes consultadas.

De otro lado, el Gobierno hizo oficial dos leyes que modifican el Código Procesal Penal. La primera referida a la ampliación a 24 horas del período de detención de una persona que comete flagrante delito, y la segunda que señala la restricción de los beneficios penitenciarios para los delincuentes reincidentes.

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