La explosion ocurrida en un yacimiento de la provincia de Oyon–de propiedad de la Minera Gazuna S.A.– es solo una muestra de la informalidad que reina en este sector.
Según el presidente de la región Lima-Provincias, Nelson Chui Mejía, existen al menos seis mil minas que trabajan al margen de la ley. La mayoría se encuentra en Cañete, Canta, Cajatambo y Oyón. Chui Mejía aseguró que es sumamente complicado fiscalizarlas debido a que solo cuentan con dos inspectores y con un vehículo.
De acuerdo con la autoridad regional, el Ejecutivo ha destinado poco presupuesto para dicha labor. “Estamos atados de manos”, expresó. Con esta situación, no sería extraño que otro caso como el ocurrido el miércoles en Oyón, que acabó con la vida de ocho mineros, se repita.
MANO DURA.- Al respecto, Chui Mejía informó que se procederá a multar a la mina, y lo más probable es que esta sea cerrada. También señaló que entre los fallecidos habría dos menores de edad. Este caso viene siendo investigado por la Fiscalía, que podría denunciar penalmente a los dueños de la empresa.
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